El Gobierno de Tucumán ha anunciado que, para el último mes del año, prevé una millonaria inversión financiera que no sólo le permitirá cerrar el año con los sueldos estatales al día, sino que, además, implicará una inyección financiera extraordinaria en medio de las complicaciones que ha causado la pandemia de la covid-19 a todos los sectores de la economía.
El gobernador Juan Manzur ha calculado en $ 17.500 millones la cantidad de dinero que se volcará al circuito comercial hasta las festividades de los Reyes Magos, el 6 de enero que viene. La medida es esperada por los comerciantes como una compensación a tantas pérdidas acumuladas a lo largo de casi ocho meses de aislamiento social, preventivo y obligatorio. El consumo, durante ese período de confinamiento ha caído en torno de un 4%, mientras que varios negocios tuvieron que cerrar sus puertas embargados por la aguda crisis que causó la pandemia.
Manzur repite el esquema instrumentado en la última década como una manera de cerrar el año fiscal sin grandes contratiempos. Sin embargo, el Frente y la Unión de Gremios Estatales anticiparon que están dispuestos a volver a las calles si es que el Poder Ejecutivo no recompone el poder adquisitivo también golpeado durante el confinamiento. Como en otras situaciones, el diálogo debe primar para mantener la paz social en una provincia convulsionada por distintos hechos que se sucedieron en los últimos tiempos. Volver a las calles implica un riesgo de contagio de un virus que aún no tiene una vacuna que lo prevenga.
En octubre último, la inflación volvió a acelerarse (al 3,8%, de acuerdo con la medición del Instituto Nacional de Estadística y Censos -Indec) y ese fenómeno inquieta a una sociedad que teme que los precios sigan incrementándose, más aún en un período en el que los reajustes estacionales son moneda corriente. En este sentido, el Estado debería contribuir con compensaciones que impliquen sostener el poder de compra de los salarios y que éstos no se sigan depreciando. Una parte importante del precio se lo lleva la elevada carga fiscal que se aplica en toda la cadena comercial y que, en definitiva, termina golpeando al consumidor final.
La Argentina se merece una revisión de su esquema impositivo que, en muchos casos, implican una pérdida de competitividad para productos, particularmente provenientes de economías regionales. El Estado sigue creando tributos y cazando dentro del zoológico, utilizando términos tributaristas, porque la informalidad ya supera al 40% promedio de la economía. En otras palabras, la mochila impositiva es más pesada para los sectores más visibles, que en tiempos buenos contribuyen al día y que, en períodos malos como la tormenta sanitaria, económica y financiera que atravesamos necesita de un acompañamiento de un Estado que financia el mayor gasto público con más aportes del sector privado. La reforma fiscal es una materia pendiente.
De acuerdo con las proyecciones de distintos organismos públicos y privados, el Producto Bruto Interno (PBI) puede llegar a caer más del 12% anual, un porcentaje superior a la debacle de fines de 2001 y mediados de 2002. La Argentina necesita de un análisis serio de aquellas medidas que se adoptarán para la pospandemia. Para que eso sea posible, gobernantes y principales referentes empresariales, industriales, sindicales y de las fuerzas vivas del país necesitan sentarse alrededor de una misma mesa y trazar los lineamientos generales para el futuro económico. Esa debería ser la prioridad en un año de elecciones, como 2021.